Detienen al líder de una empresa de 'desokupación' en una operación contra el crimen organizado en Cataluña

Las ocupaciones de viviendas se han convertido en un negocio rentable que opera al margen del sistema judicial. Desde octubre, un juez ha mantenido en prisión a Andrei S., propietario de una de estas empresas, Antiokupa Tarraco, quien es sospechoso de liderar “una organización criminal” que actúa con “el único y exclusivo objetivo de cometer actos delictivos” con el fin de “obtener beneficios económicos”. La investigación lo vincula con más de 60 denuncias por desahucios, en los cuales, según el trabajo investigativo, se ha recurrido a tácticas de intimidación que buscan desgastar psicológicamente a las víctimas. Además, se advierte de que existe “una cifra oculta muy elevada” de personas afectadas. El encarcelado sostiene que únicamente asiste a personas honradas para recuperar sus hogares, critica que haya sido encarcelado en dos ocasiones por la misma causa y denuncia la “lentitud” del sistema judicial. Las empresas especializadas en ocupaciones de viviendas están bajo intenso escrutinio luego de que Podemos haya solicitado su prohibición al Gobierno.

El proceso contra Antiokupa Tarraco empezó en septiembre de 2023, cuando cuatro trabajadores de la empresa y dos inquilinos de un piso que querían desalojar en Reus se vieron envueltos en una trifulca. El responsable de la compañía, Andrei S., y los demás quedaron en libertad, y la causa se sobreseyó. Pero los Mossos iniciaron una investigación sobre la manera de actuar de Antiokupa Tarraco y presentaron poco después al Juzgado de Instrucción número 3 de Reus un informe inicial con una treintena denuncias contra la empresa. Después de varios meses de investigación, declaraciones, seguimientos e intervenciones, Andrei S. y siete empleados más fueron detenidos. El juez decretó prisión para él por primera vez, junto a otro trabajador.

La investigación concluye indiciariamente que la empresa es una organización criminal que se enmascara bajo una “falsa apariencia” de actuar conforme a la ley para recuperar casas ocupadas. Y resume los delitos que, presuntamente, cometen los integrantes de Antiokupa Tarraco: lesiones, violación de domicilio, daños, coacciones, acoso, robos con fuerza, amenazas, delitos contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documento público, robo con violencia, y pertenencia a organización criminal. La defensa de Andrei S. niega la mayor: en ningún caso son una organización criminal, y como mucho se le puede acusar de coacciones o amenazas leves, que no llevan aparejadas penas de prisión. También señalan que el juez que instruye su causa, Diego Álvarez, se ha pronunciado públicamente sobre el conflicto de las ocupaciones. Álvarez intervino en programas de televisión en agosto de 2022 para desmentir que si a alguien le ocupan la casa en la que vive es imposible echarlo, señaló que se trata de un allanamiento de morada y que, en las raras ocasiones que ocurre, los jueces actúan con celeridad.